El éxito económico, social y político de Costa Rica sobre otros países de la región obedece, en gran parte, a que desde muy temprano en su vida independiente (quizá desde 1869) optó por un paradigma que hoy podríamos caracterizar de una manera simple: el Bien Común (acceso universal a la educación, la salud, la propiedad, los derechos laborales, la igualdad social, etc.) es causa del crecimiento económico y no su consecuencia.
El país optó por no esperar a ser rico en lo económico para ser rico en lo social, y más bien definió que el progreso económico dependía del progreso social. De ese modo, convertimos el fin del desarrollo económico, el Bien Común, en el medio para lograrlo, conciliando lo que para otras sociedades fueron dilemas y rutas contrapuestas
Sin embargo, en los últimos 25 años se han promovido políticas que desafían ese consenso y lo tratan casi como si fuese un error histórico. Descalificaciones. El pensamiento en ciertos círculos está tan alejado de la tradición costarricense que descalifica como radicalismo de izquierda, chavismo, o simple maldad, el intento de recuperar, adaptar y actualizar la visión del desarrollo que gravitaba en los procesos de cambio, liderados por don José Figueres Ferrer y por el Dr. Calderón Guardia, los cuales jamás podrían encasillarse dentro de la izquierda.
De ese modo ha prevalecido la idea de quienes consideran no solo que el crecimiento económico puede lograrse independientemente del nivel de desarrollo humano, sino que el primero es un requisito para el segundo. Es en este marco que se observa un deterioro y semiabandono de la seguridad social, los servicios de salud, la calidad de la educación pública, los derechos de los trabajadores, los servicios públicos de recreación, la áreas públicas, la seguridad ciudadana, la tributación progresiva, las políticas de apoyo al pequeño productor y a las pymes y los criterios de necesidad al seleccionar los beneficiarios de las ayudas sociales.
Como resultado, si bien es cierto hay un pequeño sector que prospera aun en el contexto de crisis económicas, la otrora floreciente clase media se siente amenazada y los sectores más pobres no tienen esperanza de que ellos o sus descendientes salgan de ahí.
De ese modo, en relación con la progresividad tributaria, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, se actúa como si atentaran contra el crecimiento económico.
Costa Rica prácticamente no cobra impuestos a grandes corporaciones, por lo que tiene una carga tributaria inferior al promedio latinoamericano y por supuesto dramáticamente inferior a de los países más ricos.
Por otra parte, se es permisivo en relación con la normativa ambiental y la legislación laboral. Con un modelo de desarrollo que descansa en la inversión extranjera, se desconocen disciplinas (tributarias, ambientales y laborales) que la inversión extranjera de buena calidad está acostumbrada a practicar con creces en sus países de origen.
Al cobrar tan pocos impuestos (y al desperdiciar recursos millonarios en corrupción y politiquería), el dinero no alcanza para mejorar la educación pública, la seguridad ciudadana, la salud y otros servicios precisamente fundamentales para la competitividad y el crecimiento económico.
Así que el modelo no solo promueve la desigualdad social y traba la lucha contra la pobreza, sino que afecta la competitividad de la economía. Al asumir que hay contradicción entre el desarrollo humano y el económico se han sacrificado ambos. Nuevos problemas.Las soluciones intentadas, lejos de resolver, más bien generan nuevos problemas. Por ejemplo, se ha optado por incitar con dinero a la adolescencia para que permanezca en las aulas, en lugar de invertir en la calidad del sistema educativo para que por si solo la atraiga y retenga. Ahora, la educación ya no solo es gratuita, sino que se paga para que la juventud concurra.
Pero seguimos con un sistema de mala calidad para los sectores de menores ingresos e incapaz de generar la mano de obra que nos permita ser competitivos en el mercado internacional.
Así, el país gasta sumas millonarias en un parche antieuclidiano que a lo sumo debe ser visto como un plan D o E, propio de una economía tosca, inundada de recursos fiscales, pero jamás como el Plan A de un país sofisticado, que aspire a ser la Suiza latinoamericana y con dificultades fiscales.
Igual distorsión observamos en otras esferas. En lugar de haber invertido en la CCSS y así haber evitado su colapso en muchas áreas, se ha preferido gastar sumas millonarias contratando servicios privados.
En lugar de simplificar trámites, facilitar el acceso a innovaciones productivas, mejorar la calidad integral de la mano de obra, se opta por permitir la inobservancia del salario mínimo, suponemos que con el objetivo de promover la inversión.
Con ese mismo fin, de manera oficial, reiteradamente se atenta contra la normativa ambiental, la progresividad tributaria, el respeto a los contratos de concesión, la regulación de la banca privada, etc.
De ese modo, la desigualdad social, el deterioro ambiental, el colapso de importantes servicios públicos (educación, seguridad, salud) y la corrupción en el manejo de fondos y contratos públicos, en fin, el subdesarrollo, se han convertido en herramientas para promover la inversión y el crecimiento económico.
Esta estrategia construye una derrota al posicionar el fin (el Bien Común) como herramienta ajustable, endógena y manipulable a los supuestos requerimientos de la competitividad.
Por lo demás, esa ruta ignora que más bien debe invertirse en los movilizadores sociales universales (educación, salud), en la economía social (empresas al amparo del cooperativismo, el solidarismo, y el comunalismo), en el emprendedurismo, en las pymes, en sostenibilidad ambiental y en transparencia si se quiere ganar la batalla por la competitividad y por la sostenibilidad social y ambiental.
La señora Presidenta electa parece dispuesta a escuchar y dialogar. Esto nos da esperanza de que se familiarice con una visión diferente a la que la ha acompañado hasta ahora en su vida pública y para que reconsidere y modifique al menos las peores extremos del modelo vigente.
